Muertes accidentales de aves provocan acciones legales.
En septiembre pasado siete
compañías petroleras en Dakota del Norte fueron acusadas por la muerte de 28
aves migratorias en Mayo y Junio de 2011. La muerte de aves violo el Acta de
Aves Migratorias de 1918 y ojala constituyeran una “pequeña ofensa”, pero el
Juez que preside declaro en un arraigo que “por algunas razones en los
estatutos federales, esto técnicamente podría no ser una pequeña ofensa, porque
el Congreso decidió incrementar las multas por organizaciones”. La multa máxima
es de 15,000 dólares por ave muerta y seis meses de cárcel. Desde que los
demandados están unidos, el tiempo de la cárcel probablemente no este sobre la
mesa.
Las compañías petroleras son
culpables?
Las aves, según se informa,
murieron en contenedores de desechos de petróleo entre el 4 de Mayo y el 20 de
Junio de 2011. Dakota del Norte cuenta con aproximadamente 900 dichos
contenedores, que son usados para almacenar desechos líquidos, residuos de
petróleo y rocas, mientras que en las plataformas se están perforando nuevos
pozos.
Las compañías reclaman que
ellos no son responsables por las muertes y que, si así fuera, las muertes son
“incidencias de la actividad comercial legal” eso fue “en total cumplimiento
con todas las leyes ambientales”. Una compañía incluso ha reportado la muerte
de aves en sus pozos de USA, preguntándose que más pueden hacer. Agravando esos
reclamos es el hecho de que durante el presunto periodo de la muerte de las
aves, la mayor parte de Dakota del Norte estaba en medio de torrenciales
lluvias y rompiendo record de inundaciones, según el Plains Daily, un periódico de la región.
El componente mas indignante
y la pregunta mas pertinente de toda la demanda es porque el Departamento de
Justicia se va con las compañías petroleras quien accidentalmente mataron 28
aves, cuando la industria de la energía eólica es responsable por cerca de
440,000 aves muertas cada año, de acuerdo con el Servicio de Pesca y Vida
Salvaje de Estados Unidos, datos compilados por el Conservatorio de Aves
Americanas. Si los dueños de turbinas fueran multados 15,000 dólares por ave,
el total de multas por año seria de 6.6 billones de dólares.
Una contratación alegre.
La acción legal es liderada
por Attorney Timothy Purdon, quien fue nombrado por el Presidente Obama para
ser Jefe Fiscal Federal para Dakota del Norte en febrero de 2010. El
nombramiento dibujo criticas como un movimiento político y, después de la
demanda, muchos están llorando culpa en lo que parece ser “La combinación de
esfuerzos de Obama para reducir la producción domestica de aceite”, de acuerdo
con el Wall Street Journal.
La industria de la energía
eólica es responsable por cerca de 440,000 aves muertas cada año.
Antes de su nombramiento,
Purdon era un notable recaudador para el Partido Democrático. La esposa de
Purdon, Carmen Miller, anteriormente trabajaba para el Servicio Ambiental
Nacional, una firma cuyo objetivo es el educar y formar la percepción publica
de las cuestiones ambientales, de acuerdo con el WSJ.
La mortal industria eólica.
El Wall Street Journal señala la descarada hipocresía en culpar a
estas compañías petroleras cuando la industria eólica es responsable por
cientos de miles de aves muertas cada año. De las siete compañías que están
siendo procesadas, tres de ellas están en juicio por la muerte de una sola ave.
En Altamont, Área en el
Norte de California, 5000 turbinas eólicas anualmente matan numerosas águilas
reales y águilas calvas que están bajo
protección como especies en peligro por las leyes federales. No ha habido
juicios federales, o incluso un poco de interés
del Departamento de Justicia del Presidente Obama. De echo, la industria
eólica actualmente esta buscando una renuncia legal para eximirse de los casos
de acción penal o civil que las compañías petroleras enfrentan. Además,
subrayando la hipocresía de la izquierda ambiental es que “las grandes maquinas
verdes” como el Sierra Club son culpados sobre la muerte de las aves y la
renuncia de la industria eólica.
El Wall Street Journal concluye, “Esta es una evidente injusticia para
acusar compañías cuyas operaciones con petróleo pueden matar a pocas aves
mientras dando permiso para los operadores del viento para matarlas por
millones. La administración puede aborrecer los combustibles de carbón todo lo
que ellos quieran, pero ese odio no justifica la selectiva y desatinada
acusación”.
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